BUENOS AIRES.- El kirchnerismo, con la ayuda de sus tradicionales aliados, convirtió ayer en ley el proyecto de estatización de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, pese al rechazo de la mayoría de los bloques de la oposición, que cuestionaron a la organización de derechos humanos por las causas que enfrenta por defraudación.
Tras más de cuatro horas de debate, la iniciativa fue aprobada en la Cámara de Diputados por 132 votos a favor, 88 en contra y cinco abstenciones, que correspondieron a Alcira Argumedo (Proyecto Sur), Facundo Moyano (Cultura, Educación y Trabajo) y los tres diputados de Unidad Popular Víctor De Gennaro, Claudio Lozano y Antonio Riestra.
La presidenta del bloque kirchnerista, Juliana Di Tullio, defendió la propuesta que traspasa la casa de estudios a la órbita del Ministerio de Justicia, bajo la denominación de Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo, y advirtió que "es muy ofensivo querer ligar a esta organización con actos de corrupción".
Previamente, el titular de la bancada radical, Mario Negri, justificó su oposición al proyecto, al sostener que con esta medida el Gobierno busca "estatizar la deuda y la oscuridad que lleva" la fundación.
"No venimos a discutir la política de derechos humanos, no nos van a correr por ese lado. Queremos que resuelvan los interrogantes de los puntos oscuros" que rodean a la fundación, insistió el legislador cordobés.
La postura del Ejecutivo
El ministro de Educación, Alberto Sileoni, juzgó "razonable" que el Estado coopere con la deuda del Instituto Universitario de Madres de Plaza de Mayo, por la "historia" de la organización, y remarcó que sus dirigentes "nunca han especulado ni se han llevado un centavo".
"Me parecería razonable que de alguna manera el Estado pueda cooperar con toda la transparencia de los actos administrativos y no avalando ningún acto ilegítimo", reconoció Sileoni tras aprobarse el proyecto de estatización de la Universidad de las Madres en el Congreso.
La organización enfrenta una difícil situación financiera a raíz de la causa por desvíos de fondos públicos del programa de viviendas Sueños Compartidos en la que están implicados los hermanos Schoklender. Se estima que soporta una deuda de $ 200 millones. (DyN)